Comunicado a la opinión pública



Bogotá D.C. 10 de marzo del 2023. – Dando alcance a las inquietudes de la opinión pública, la ciudadanía y otros sectores interesados en la Licitación pública LP-008, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- informa que el pasado 8 de marzo del 2023 se declaró desierta la adjudicación dado que ninguno de los oferentes cumplió con el puntaje mínimo exigido en los pliegos.

 

Esta licitación, tiene por objeto adjudicar el proceso de verificación para el reconocimiento y pago de los servicios de salud y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados o sin póliza SOAT, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).

 

Ahora la ADRES en su compromiso con las funciones que le corresponden, iniciará una nueva licitación pública que incorporará no solamente las necesidades actuales de la entidad, si no las derivadas de los decretos 2497 y 2644 del 2022 y la Resolución 326 de 2023.

 

Ante la contingencia derivada del resultado de la licitación pública LP-008, las reclamaciones presentadas por las IPS ante la ADRES, están siendo auditadas por los 204 contratistas con los que actualmente cuenta la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES; adicionalmente se está adelantando el proceso de contratación de otros 110 auditores que van a ingresar a apoyar el proceso de auditoría a fin de no impactar el flujo de recursos de los prestadores de salud.

 

Es importante precisar que en este momento la ADRES no tiene ninguna cuenta radicada por concepto de accidentes de tránsito cuyo vehículo contaba con póliza SOAT a la tarifa diferencial definida en el Decreto 2497 de 2022, y que el reconocimiento de estas depende de que previamente la aseguradora haya aprobado la totalidad del tope que le corresponde de acuerdo con la norma mencionada.

 

Por otra parte, la ADRES se encuentra adelantando junto con el MSPS un acto administrativo que va a permitir mejorar la oportunidad en el flujo de los recursos a las IPS relacionados con las atenciones que presten a las víctimas de los accidentes de tránsito.