- - El propósito central del proyecto normativo es proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la adopción de criterios objetivos de ordenamiento territorial y poblacional del aseguramiento.
Bogotá D.C., 10 de febrero de 2026.
El Ministerio de Salud y Protección Social informa a la opinión pública que el proyecto de decreto sobre mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud, con enfoque poblacional y territorial, no dispone traslados indiscriminados ni automáticos de afiliados, y que cualquier proceso de asignación de afiliados que pueda adelantarse se realizará con base en criterios técnicos, de manera gradual y con salvaguardas orientadas a proteger la continuidad del aseguramiento y la atención en salud de la población.
El propósito central del proyecto normativo es proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la adopción de criterios objetivos de ordenamiento territorial y poblacional del aseguramiento, orientados a facilitar el acceso efectivo e integral a los servicios de salud.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 365 de la Constitución Política, así como en las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, el Estado tiene la responsabilidad indelegable de organizar, dirigir, regular y controlar el sistema de salud, garantizando el acceso efectivo, continuo y oportuno a los servicios de salud en todo el territorio nacional.
Los análisis técnicos adelantados por el Ministerio evidencian la persistencia de fallas estructurales en la operación territorial del aseguramiento, particularmente asociadas a la fragmentación excesiva de afiliados, la presencia marginal de múltiples aseguradores en territorios sin escala poblacional suficiente, la selección adversa geográfica y la pérdida de economías de escala necesarias para la gestión integral del riesgo en salud. Estas condiciones afectan la eficiencia operativa del sistema, generan riesgos financieros y comprometen la continuidad y la integralidad en la atención, especialmente en municipios rurales, dispersos, de frontera o con limitaciones estructurales en la oferta de servicios de salud.
La adopción de mecanismos diferenciales de ordenamiento del aseguramiento persigue, de manera prioritaria, facilitar el acceso efectivo e integral a los servicios de salud, superando barreras derivadas de la fragmentación del aseguramiento, la dispersión territorial y la débil articulación entre aseguradores y redes de prestación de servicios de salud. Al alinear la operación del aseguramiento con las condiciones demográficas, geográficas y de capacidad instalada de cada territorio, se promueve una atención continua, coordinada e integral, que permita a las personas transitar de manera oportuna por los distintos niveles de atención, garantizar la integralidad de los tratamientos y fortalecer la respuesta del sistema frente a las necesidades reales de la población.
Frente a este diagnóstico, el proyecto de decreto introduce un ordenamiento técnico del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, basado en criterios objetivos como la escala y densidad poblacional, la capacidad operativa real de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la dispersión geográfica, la sostenibilidad financiera y la adecuada articulación con las redes de prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar una atención continua, integral y de calidad para la población.
Este enfoque no implica la adopción de criterios fiscales ni administrativos distintos, ni la imposición de restricciones arbitrarias a la libre competencia económica. Por el contrario, se enmarca en un modelo de competencia regulada, orientado a corregir fallas del mercado del aseguramiento y a asegurar condiciones mínimas de viabilidad operativa que permitan una gestión efectiva del riesgo y una adecuada integración de los servicios en cada territorio.
En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la función de abogacía de la competencia, concluyó que el proyecto no tiene por objeto ni por efecto restringir indebidamente la competencia, y reconoció que las medidas propuestas persiguen fines legítimos de equidad territorial, eficiencia del sistema y protección de los usuarios.
El proyecto establece además reglas claras, objetivas y transparentes para la asignación y eventual reasignación de afiliados, orientadas a preservar la continuidad de los tratamientos en curso, mantener la unidad de los grupos familiares, asegurar la neutralidad en la composición del riesgo epidemiológico y proteger la sostenibilidad financiera del esquema de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), evitando concentraciones desproporcionadas de población de alto costo que puedan afectar la integralidad de la atención.
En conclusión, el proyecto de decreto de mecanismos diferenciales no debilita el sistema de salud ni genera incertidumbre para la población. Por el contrario, constituye una herramienta necesaria, proporcional y técnicamente sustentada para proteger el derecho fundamental a la salud, facilitar el acceso efectivo e integral a los servicios, garantizar la continuidad del aseguramiento, prevenir riesgos sistémicos y ordenar la operación del aseguramiento en función de la realidad territorial del país.
“Ordenar el aseguramiento con criterios técnicos y territoriales es una medida de responsabilidad estatal, orientada al interés general y a la protección efectiva de los usuarios del sistema de salud.”
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